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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Actualizado: 27 oct


Antecedentes


El acto legislativo número 003 de 2002 dio paso a la reforma del sistema penal colombiano, dando tránsito de un sistema mixto a un sistema acusatorio. Dicha reforma constitucional, facultó para expedir, modificar o adicionar la ley estatutaria de la administración de justicia, hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.

Este proceso se encuentra marcado por tres grandes periodos a saber: la preparación del ordenamiento legal, la implementación gradual y la consolidación y aplicación en todo el territorio Nacional del sistema penal acusatorio.


La Preparación del ordenamiento legal se extendió por espacio de dos años. En el primer semestre del 2003, la comisión constitucional sesionó para consolidar los proyectos de ley que fueron radicados el 20 de julio del mismo año en el Congreso de la República. A partir de esa fecha y hasta el 31 de agosto del 2004, se debatió la expedición de los códigos Penal y de

Procedimiento, en este último, se fijó una implementación gradual del sistema en todo el país en un periodo de cuatro años.


La comisión creada realizó procesos de referenciación previos con otros países que habían tenido cambio de sistema procesal, estudios de costos que implicaba la implantación de este, pero desafortunadamente, no se incluyó en ninguna de estas actividades a la Policía Nacional ni a los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial, por considerar que se debían encargar solamente de cumplir la ley; situación que más adelante resultaría caótica especialmente para el servicio de policía, por cuanto en ese momento no permitió vislumbrar las necesidades originadas, pero tampoco las estrategias para satisfacerlas, menos aun cuando expedido el Código de Procedimiento Penal, en un tiempo récord de cuatro meses iniciaría su aplicación a partir del 1º de enero de 2005.


Antes y durante este periodo, la Policía Nacional preservaba un modelo de policía judicial con algunas atribuciones; sin embargo, en pocas ocasiones el funcionario debía presentarse ante un juez para sustentar sus actuaciones; así mismo, pese a estar normado un sistema de cadena de custodia, esta responsabilidad recaía en los fiscales y la cultura de la investigación criminal se enmarcaba en capturar para luego investigar. Por su parte, la infraestructura en el campo de la criminalística era reducida y se limitaba a tres laboratorios ubicados en Bogotá, Cali y Medellín para cubrir todo el territorio nacional. En lo concerniente al talento humano dedicado a labores de policía judicial especializada, solamente llegaba al 4,5% del total de la planta de la Institución y solo hacía presencia permanente en sesenta municipios de todo el país. (1 Informe ejecutivo. Gerencia Técnica Sistema Penal Acusatorio, 2008.)


Implementación gradual de la Ley 906 de 2004 La implementación de la Ley se desarrolló en cuatro fases; la primera inició el 1º de enero del 2005 en la ciudad de Bogotá y el Eje Cafetero; la segunda, comenzó el 1o de enero de 2006 en Santander, Valle del Cauca, Cali y Medellín; un año después, se implementó en Antioquia, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Huila, Nariño, Cauca y Meta y, por último, en enero del año 2008, entró en vigencia el sistema en los departamentos restantes, quedando cubierto todo el territorio nacional.


La ejecución de dichas fases generó un impacto trascendental en el servicio de policía, tanto en el proceso preventivo adelantado por la vigilancia, como el de investigación criminal adelantado por los organismos especializados de la Institución, debido a que todos los policías se constituían en actores primordiales para la atención de los hechos delictuosos, convirtiéndose en los ojos y oídos de la fi scalía, con la responsabilidad de garantizar la cadena de custodia, documentar la entrega del lugar de los hechos como primer respondiente, desarrollar programas metodológicos y asistir a las audiencias como testigos.


A partir de junio de ese año, las unidades policiales que tenían el compromiso de iniciar con la segunda fase de implementación del sistema (01 de enero del año 2006), se inició un proceso con ellas para que el personal acudiera como observadores en la ciudad de Bogotá y el Eje Cafetero, constituyéndose así estos distritos judiciales en laboratorios de aprendizaje por el método del ensayo- error, lo que permitió a su vez evidenciar en términos policiales los vacíos que se generaron en el marco del servicio durante la implementación del sistema y elaborar los ajustes correspondientes. De esta forma, se detectó que la policía de vigilancia desconocía las disposiciones de la Ley 906 de 2004, no contaba con asesoría ni apoyo de los comandos de Estación y CAI, carecía de los elementos requeridos para la judicialización de los casos, por lo tanto, no realizaba adecuadamente las actividades de primer respondiente y la Policía Judicial no atendía, ni apoyaba oportunamente a la Policía de Vigilancia, lo que obligó a trazar un plan de mejoramiento continuo durante las cuatro fases (2. Informe evaluación y seguimiento aplicación Ley 906 de 2004. Departamento de Policía Risaralda, 2006, Gerencia Técnica Sistema Penal Acusatorio Dirección de Investigación Criminal.)



De otra parte, la Investigación criminal debió enfrentar un gran reto y es el cambio cultural que implicaba la aplicación de un sistema totalmente técnico, garantista, oral y público.

Así mismo, a partir del enero del año 2008 con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal en todo el territorio colombiano, aparecieron una serie de dificultades generadas por la gradualidad en la implementación de este sistema; teniendo en cuenta, que

en muchas ocasiones una conducta delictual iniciaba su ejecución en determinado lugar, en el cual estaba vigente la Ley 906 de 2004, pero culminaba en otro distrito judicial en el cual no se había implementado la norma, trayendo consigo argumentaciones jurídicas por parte de los abogados y autoridades judiciales, en razón a la territorialidad y favorabilidad al momento de aplicar la ley.



Formulación de la Lección


Como parte de los aprendizajes adquiridos por la Policía Nacional en este proceso de implementación del sistema penal oral acusatorio, es el no haber identificado la magnitud del cambio en el servicio de policía y tener que adaptarse a este sobre la marcha, situación que generó desconcierto y problemática en las personas y los procedimientos a su cargo; entre otras razones, porque la Institución no contaba con el número de funcionarios idóneos, la infraestructura y el equipamiento técnico y científico necesarios para un buen funcionamiento del nuevo sistema que se estaba implementando, lo que en principio

generó restricciones en el efectivo y oportuno apoyo a la administración de justicia frente a la tendencia creciente del accionar delincuencial.


No obstante, la Institución no resultó inferior al compromiso adquirido, optimizando los procesos internos para ofrecer un soporte efectivo en la implementación de este cambio de sistema, a través del incremento sostenido de sus capacidades en materia de cobertura, desarrollo tecnológico y la cualificación de su talento humano mediante programas de capacitación.


Aciertos institucionales en la implementación del Sistema Penal Acusatorio


Capacitación

• Un aspecto relevante que facilitó el proceso de implementación del nuevo sistema, fue la ejecución en el 2001 y 2002 del proyecto denominado plan de emergencia; correspondiéndole a La Escuela de Investigación Criminal –ESINC– capacitar en policía judicial a 860 mandos entre oficiales y suboficiales, que fueron destinados a fundar las estaciones de policía en los 158 municipios que no contaban con este servicio. Con la presencia policial en todo el territorio nacional, y capacidad para prestar el auxilio a los funcionarios judiciales, se encontraba abonado el terreno para el sector justicia.(3 Informe ejecutivo de Escuela de Investigación Criminal, 2002.)

• Conformación de un equipo de trabajo conformado por 3 oficiales y 5 suboficiales especialistas en derecho penal, criminología e investigación criminal, funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal y la Escuela de Investigación Criminal, el cual se encargó de realizar un seguimiento a la evolución del trámite de los proyectos de ley penal y procedimental penal, presentando propuestas de ajuste correspondientes en materia policial, además, de informar al mando institucional de las implicaciones que conllevaba la implementación de nueva norma.


• Como parte de la cualificación del proceso y refuerzo con proyección internacional, la Escuela de Investigación Criminal (ESINC) de la Policía Nacional, organizó el primer encuentro internacional de experiencias de policía judicial en un sistema penal acusatorio, con la participación de representantes de Ecuador, Brasil, España y Estados Unidos, entre otros; evento que permitió identificar algunos aspectos que no habían sido previstos y que fueron incorporados en el proceso de capacitación.


La gestión de recursos para la realización de un estudio de costos sobre las implicaciones de la implementación del sistema penal acusatorio en los organismos de Policía judicial, el cual fue desarrollado por la Universidad de los Andes con la información aportada por los organismos de investigación criminal; entre ellos la Policía Nacional.


El diseño de los planes de capacitación dirigidos a los funcionarios de la policía judicial que demandaban actualización en el sistema penal acusatorio, uno de ellos

denominado “INVESTIGADOR TESTIGO” con intensidad de 80 horas, el cual se construyó sin contar con la expedición de las normas penales y realizando una interpretación de las intenciones del legislador. Este proyecto contó con el apoyo del Programa Internacional de Asistencia para el entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.


En el desarrollo de este plan de capacitación los logros fueron significativos, entre otros:

La elaboración de propuestas tendientes a la modificación de los proyectos de las Leyes 906 del 2004 y 599 del 2000, las cuales avanzaban en el Congreso de la República y finalmente algunas de las propuestas se evidenció que fueron tenidas en cuenta en el documento final resultado de la reflexión respectiva.


El fortalecimiento del trabajo interinstitucional con la participación de un grupo de 50 personas pertenecientes a la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entre los que formaban parte Especialistas en Derecho Penal, Criminología, Investigación Criminal, con entrenamiento en técnicas de investigación y oralidad en el sistema penal acusatorio, lográndose la capacitación de 8102 funcionarios de la policía judicial de La Policía Nacional. (4 Informe ejecutivo Bogotá, 18 de febrero de 2008, ICITAP-ESINC.)


De la misma manera, la consolidación de un proyecto de acompañamiento a los departamentos que implementarían el sistema penal acusatorio en cada una de las etapas, actividad que incluyó un trabajo de campo antes, durante y después de la fecha crítica del 1º de enero de 2005, proceso que se llevó a cabo en las cuatro fases de la implementación de la Ley 906 de 2004, hasta el 1° de enero de 2008 cuando ingresaron los últimos distritos judiciales. (5 Directiva transitoria No. 076 / acompañamiento a la implementación del sistema penal acusatorio año 2006.)


Producto de las experiencias obtenidas en desarrollo del servicio de vigilancia en la primera fase de implementación del nuevo sistema y analizados los aciertos y desaciertos, se decidió efectuar otro plan de capacitación denominado “POLICÍA TESTIGO” con intensidad de 40 horas. A través de esta estrategia se logró instruir a por lo menos el 50% de los policías del país; es decir, más de 50.000 hombres y mujeres para esta época. (6 Informe ejecutivo Bogotá, 18 de Febrero de 2008 ICITAP – ESINC.)

Después de implementado el sistema penal en todo el territorio nacional, se continúa desarrollando otros programas de capacitación con apoyo de ICITAP y la ONU, los cuales están dirigidos a los funcionarios de la Policía Nacional y demás organismos con funciones de Policía judicial, entre otros están: seminario virtual “primer respondiente en el sistema penal acusatorio”, curso avanzado de entrevistas, curso de manejo y procesamiento de la escena del crimen CSI; el seminario taller “entrevistas forenses para niñas, niños y adolescentes como testigos”, así como el curso virtual de “investigación contra el lavado de activos”.


Cobertura

• La reforma orgánica de la Dirección de Investigación Criminal mediante Resolución 2057 del 15/06/07, con la cual se buscó el fortalecimiento de las unidades investigativas creadas y dotarlas con personal, medios técnicos, movilidad y comunicaciones, para atender efectivamente los requerimientos investigativos en el marco del Sistema Penal Acusatorio, permitiendo a la Policía Judicial: – Responder con el Grupo de Actos Urgentes al inicio de la investigación que se deriva de las denuncias y los casos que ocurren en flagrancia y que en su mayoría son conocidos por la Policía de Vigilancia; – Con el Grupo Unidades Investigativas frente a Fiscalías locales, seccionales y especializadas, desarrollar los programas metodológicos que surjan después de realizar los actos urgentes, y – Con los grupos investigativos (Vida, Patrimonio y Delitos Especiales), realizar la investigación proactiva mediante el desarrollo de programas metodológicos para neutralizar el crimen organizado en los diferentes sectores de la ciudad.


• Producto de la necesidad de satisfacer la demanda de servicios de policía judicial, la

modalidad de investigación criminal en la Policía Nacional creció en un número significativo de hombres y mujeres con presencia permanente a través de unidades básicas de investigación en 417 municipios en el año 2009.

Despliegue por fases de implementación Ley 906/04



Tabla tomada de los informes de personal, seguimiento sistema penal

acusatorio, incremento de número de funcionarios de la Dirección de

Investigación Criminal y sus Seccionales.


• Fortalecimiento de los laboratorios regionales de criminalística. La inclusión de la investigación criminal en el plan estratégico institucional como unos de sus imperativos, posibilitó la gestión de recursos y el fijarse metas de crecimiento para el período 2007-2010, con el fin de fortalecer la presencia territorial proporcionando mayor cobertura local, regional y nacional y así atender las necesidades relacionadas con el campo de la administración de justicia con el nuevo sistema penal.


Como parte de este fortalecimiento se ha propuesto como metas la adecuación tecnológica e implementación de ocho laboratorios regionales de criminalística, con modernos equipos técnicos en las especialidades de dactiloscopia, PIPH, retrato hablado, planimetría, laboratorios móviles, documentología, fotografía y balística. Estos laboratorios tendrán como sedes: Bogotá, Neiva, Manizales, Cali, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y

Barranquilla. Para el desarrollo de este proyecto que lleva un avance del 73%, la institución hizo una inversión de $43.151.800.000, aprobados por el consejo de política económica y social CONPES. (7 DNP documento CONPES, principales 100 Proyectos de Inversión. Banco de Programas y Proyectos de Inversión, adecuación tecnológica e implementación de los laboratorios regionales de Criminalística para la Policía Nacional.)



• Fortalecimiento de los laboratorios móviles de criminalística, dotados con dos vehículos tipo laboratorio móvil, el cual se compone de diferentes equipos para el manejo del lugar de los hechos, contemplando las diferentes áreas de la criminalística, como son la balística, dactiloscopia, fotografía judicial y planimetría. Asignados por regiones así:

Tabla tomada de los informes de gestión DIJÍN


Desarrollo científico y tecnológico policial


• Sala de seguimiento al delito. Con la construcción, adquisición, equipamiento y desarrollo tecnológico de la sala de seguimiento y evaluación del delito “durante el año 2006, la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN) lideró la creación de la Red Nacional de observatorios del Delito, iniciativa que contó con el apoyo de la Universidad de Georgetown, mediante el Programa Colombia y Programa ADAM/USAID. Para tal efecto, se realizaron dos encuentros con los observatorios vinculados en el país; el primero, el 29 de junio; el segundo, el 12 de diciembre.” (8 Revista Criminalidad No. 49/ 2006 Colombia.)


• Informática forense. Con una inversión de más $1.750.000.000, se realizó adquisición y equipamiento de laboratorios de informática forense, con lo cual se busca fortalecer la lucha contra la delincuencia informática y el delito trasnacional. ( 9 Balance de Gestión. Primer año de gestión.)

• Desde el mes de mayo de 2006, se puso al servicio de la ciudadanía el CAI Virtual, a través de la página web www.policia.gov.co. Este mecanismo de comunicación permite hacer denuncias en línea, las 24 horas al día, posee foros virtuales y un salón de Chat. También dispone para los usuarios de información relacionada con ciberseguridad, transacciones seguras en Internet, navegación segura en el portal bancario, software legal, recomendaciones para padres, maestros, niños; cómo prevenir los fraudes más comunes; utilización segura de los café internet, protección de los niños ante redes de trata de personas y pornografía infantil en la red y otros temas relacionados con la seguridad informática.(10 Revista de Criminalidad No. 49/ 2006 Colombia.)


• Adquisición del sistema automático de identificación dactilar AFIS y la plataforma de identificación PIDEN, implementación de los aplicativos SIEDCO, SIPAC (Sistema Penal Oral Acusatorio) y la adquisición de equipos portátiles para identificación dactilar y equipo técnico básico para las unidades investigativas de la Policía Judicial.


• Centro de Información Antiexplosivos y Rastreo de Armas, CIARA. Las alianzas establecidas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, permitieron que instituciones como la Policía Nacional de Colombia, la Agencia Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI), las Fuerzas Militares e Industria Militar (INDUMIL), cuenten con un sistema gerencial de información e inteligencia (11 Revista de Criminalidad No. 49/2006 Colombia.), ubicado en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal, permitiendo dar resultados satisfactorios en la lucha contra el terrorismo.


Desaciertos en la implementación del sistema penal acusatorio.


• En el marco de la implementación de la ley no se fijó la responsabilidad sobre la custodia de las salas de la audiencia, lo cual implicó que la Policía Nacional las asumiera designando un número importante de efectivos y recursos para cumplir asertivamente esta nueva función.


• La falta de estudios internos de la institución respecto de la incidencia de la implementación del nuevo sistema, que hubiesen permitido presentar los proyectos necesarios y oportunos para haber gestionado los recursos que demandaban las unidades policiales.


• La aplicación de la ley de pequeñas causas que buscaba dar un tratamiento diferente a algunos delitos y en la cual la Policía Nacional debió asumir como un apéndice de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, sin considerar el impacto que su ejecución generaría en la prestación del servicio y las responsabilidades de las demás instituciones, entre otras, porque generó descontrol en la estadística de los índices delincuenciales.


• En los proyectos de desarrollo no se dimensiona el impacto en la continuidad del proceso, es el caso del proyecto de modernización de los 8 laboratorios donde no se tuvo en cuenta los recursos para el mantenimiento de los equipos y la infraestructura de alta tecnología, con los cuales fueron dotados.


Conclusiones

Resulta importante destacar el papel que ha cumplido la Policía Nacional en la implementación del sistema penal acusatorio en el país, especialmente, cuando los resultados que hoy se tienen para presentar del mismo, son los procesos penales que se originaron como producto de la captura en flagrancia, las cuales fueron realizadas principalmente por la policía de vigilancia. Pese a que los casos con capturas en flagrancia solamente representan el 10,2% del total de las noticias criminales recibidas por la Fiscalía, generan el 76% de las imputaciones totales formuladas ante el juez de garantías y el 78% de las sentencias totales emitidas por los jueces de conocimiento. (12 La impunidad en el sistema penal colombiano, informe de consultoría. Unión Europea. Pág. 96.)


Por otra parte, debe señalarse que después de la implementación del nuevo sistema, aún se evidencia la ausencia en la coordinación con las demás instituciones que cumplen funciones de policía judicial, lo cual se refleja en la falta de unidad de criterio frente a los procedimientos, las propuestas sobre los ajustes a la legislación y la adquisición de medios logísticos.


Pese a estas dificultades, la Policía Nacional asumió su compromiso en el cumplimiento de la norma y ha demostrado su interés en satisfacer las expectativas y demandas de apoyo a los organismos de la Rama Judicial, especialmente, en el proceso penal. En este sentido, ha realizado las gestiones necesarias para la consecución de recursos y el incremento del talento humano debidamente capacitado, consolidándose así como la institución con mayor cobertura tanto en el proceso de prevención como en investigación criminal en el territorio nacional, garantizando respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos judiciales.


Así mismo, cabe resaltar que la implementación del sistema penal llevó consigo un proceso de mejoramiento en el nivel de profesionalización de los hombres y mujeres que integran la Institución, debido a la exigencia de idoneidad y experiencia requerida para ser un testigo de cargo creíble; la hoja de vida de un policial, se convirtió en su carta de presentación y en un patrimonio que se debe cuidar para poder prestar sus servicios.


Las experiencias vividas con sus aciertos y desaciertos, antes, durante y después de la implementación del Código de Procedimiento Penal con tendencia acusatoria, caracterizado por ser un proceso garantista y técnico, sin lugar a dudas fortalecieron la institución policial, en su compromiso para garantizar y respetar los Derechos Humanos, duplicando sus esfuerzos para mejorar los niveles de convivencia dentro de la dinámica social, convirtiéndola en punto de referencia para otros países del hemisferio, que se encuentran en proceso de transición en su sistema procesal penal.


A pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado la Policía Nacional, capacitando a su talento humano, llegando hasta el último de los rincones del territorio y fortaleciendo el desarrollo tecnológico, siguen preocupando algunas decisiones judiciales que por apego excesivo a tecnicismos del sistema penal acusatorio, han dejado en libertad delincuentes de gran peligrosidad, lo cual desdibuja la labor policial e impacta de forma negativa en la percepción de seguridad ante la comunidad.


Recomendaciones

A partir de las experiencias y aprendizajes institucionales en el marco de la implementación del sistema penal, se plantean algunas recomendaciones que pueden contribuir a la formulación de estrategias que le permitan a la Policía Nacional contribuir a través de un papel más proactivo en la consolidación efectiva del sistema, así:


• Como función sustantiva de la Dirección General de la Policía Nacional, debe fortalecerse el Grupo Legislativo de la Ofi cina de Planeación, de manera tal que permita responder a las exigencias contemporáneas y de proyección de la misma y así poder desarrollar un papel más proactivo en el estudio de los proyectos relacionados con el área legislativa.


• Establecer alianzas estratégicas entre los Ministerios de Interior y Justicia, Hacienda y Crédito Público, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación, Órganos de Control y organismos con funciones de policía judicial, como parte de un proceso de reingeniería al Consejo Nacional de Policía Judicial, de manera que se logre un cuerpo colegiado que atienda las necesidades manifiestas de los procesos de investigación criminal.


• Estructurar y consolidar el servicio de Investigación Criminal a nivel regional que permita el desarrollo de procesos investigativos para contrarrestar los fenómenos que sustraen las capacidades de la SIJÍN.


• Fortalecer las seccionales de Investigación Criminal, con el fi n de incrementar los niveles de productividad y efectividad de estas unidades frente a la problemática delincuencial de sus jurisdicciones y a su vez satisfacer los requerimientos operativos, técnicos y administrativos del Sistema Penal Acusatorio en materia de capacidad de respuesta y cobertura, considerando las siguientes prioridades:


– Aumento de la operatividad.

– Pronta respuesta de la Policía Judicial para la atención de delitos desarrollando los actos urgentes a que haya lugar.

– Realización de programas metodológicos para la obtención de mejores resultados investigativos.

– Mayor eficacia para contrarrestar los delitos de mayor impacto social que afectan a la comunidad.


Ventajas de esta propuesta:


• Se moderniza y adecua la estructura y operación a los requerimientos del Sistema Penal Acusatorio, sin perder la iniciativa en la investigación de los delitos de mayor impacto y crimen organizado.


• Se crean las circunstancias de modo y lugar para que exista total articulación entre fiscales, Policía Judicial y unidades de Criminalística.


• Los grupos tradicionales de la SIJÍN se descongestionan de carga de trabajo y se pueden dedicar a investigaciones especializadas tendientes a desvertebrar el crimen organizado, con mejores y mayores resultados.


• Al fortalecer en mandos, personal y recursos a la Policía Judicial de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) se genera un contacto permanente con la Policía de Vigilancia, de manera que fluya la información sobre casos hacia la SIJÍN y se pueda dar respuesta contundente en materia de capturas y desarticulación de bandas delincuenciales.


• Al fortalecer las unidades investigativas desplegadas en la base de la SIJÍN, se conforman verdaderos equipos de trabajo entre fiscal e investigador, que permiten atender con prontitud los casos, planear y cumplir los programas metodológicos e ir avanzando en la cobertura deseada, que se traduce en el objetivo de contar, en un plazo de 4 años, al menos con 2 investigadores por fiscal.


• Cuando se operacionalicen las unidades investigativas de la base de la seccional, se genera un intercambio más fluido y oportuno de información con los grupos de la SIJÍN lo cual facilita atacar un determinado fenómeno delincuencial que esté disparado o que esté generando percepción negativa de seguridad.


• Al organizar y fortalecer con personal, medios técnicos criminalísticos y logísticos (comunicaciones, movilidad), las unidades investigativas de la Seccional de Investigación Criminal creadas ante fiscalías locales, seccionales, especializadas, Estructura de Apoyo y Ley 600, se logra agilizar el desarrollo de la investigación criminal en programas metodológicos al igual que mejorar la calidad y oportunidad de las investigaciones y peritajes que realiza la Policía Nacional.


• Contar con las unidades de criminalística de campo y laboratorios móviles propios, mejora la imagen de profesionalismo y permite apoyar la labor de la policía de vigilancia que deja de estar supeditada a otra institución para recibir apoyo técnico criminalístico.


Elaboración y redacción


Intendente EDGAR MAURCIO BENAVIDES BERNAL

Grupo evaluación y seguimiento del Sistema Penal Acusatorio

Coordinación Regional de Investigación Criminal – DIJÍN


Texto publicado en las lecciones aprendidas número 1 de la Policía Nacional de Colombia

Bogotá, D.C., Colombia




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